Los desalojos de propietarios o inquilinos endeudados registraron el año pasado un máximo histórico, con un aumento de casi el 22 por ciento respecto a 2010, hasta alcanzar las 58 mil 241 familias, mientras hay más de un millón de casas vacías. Estos datos, publicados en marzo último por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), revelan el impacto que la crisis y el desempleo -de más de cinco millones de personas- han tenido en la pérdida de viviendas.
Bien por no poder pagar el alquiler o porque al comprador le fue imposible abonar su hipoteca al banco, sólo entre octubre y diciembre los desahucios express ascendieron a 15 mil 347, en línea con las cifras de trimestres anteriores, precisó el órgano de gobierno de los jueces. Respecto a las ejecuciones o procedimientos iniciados por las entidades hipotecarias para quedarse con las viviendas impagadas, el CGPJ certificó en 2011 un descenso de 17 por ciento, hasta los 77 mil 854, lejos de las 93 mil 636 actuaciones contabilizadas en 2010.
Desde el comienzo de la crisis económica en 2008, en coincidencia con el estallido de la burbuja inmobiliaria, se realizaron más de 300 mil ejecuciones hipotecarias en España, que dejaron a centenares de miles de personas en la calle con una deuda de por vida.
Ante su multiplicación, el gobierno conservador de Mariano Rajoy elaboró un denominado código de buenas prácticas, al cual se adhirieron de manera voluntaria una gran cantidad de bancos, que supuestamente debe proteger a las familias más desfavorecidas. De acuerdo con ese reglamento, aprobado en marzo pasado, se promoverá la dación en pago -saldar la deuda con la entrega de la vivienda al banco- para familias con todos sus miembros en paro y con primeras viviendas de menos de 200 mil euros.
Los afectados tendrán que ser propietarios de una sola casa, no podrán tener rentas del trabajo o de actividades económicas y las cuotas hipotecarias deberán superar el 60 por ciento de los ingresos totales de la familia.
El Realejo, como muchos otros barrios históricos del Estado español, desde hace años está siendo escenario de un proceso que enlaza con la famosa burbuja inmobiliaria: nuestras casas son ahora un bien de inversión y no un bien social, de modo que muchas de las viviendas del barrio están ahora destinadas a alquileres temporales a precio de usura. Junto a ello, cada vez más vecinos y vecinas del barrio «de toda la vida», han ido dejando el barrio, mudándose de sus hogares, cerrando sus negocios, etc. Este proceso, conocido como «gentrificación», lo conocen muy bien otros vecindarios de Granada como el Albaicín, convertido en parque temático y fetiche turístico.
Uno de los efectos más notable del auge especulativo en nuestro barrio es el alto número de viviendas vacías, muchas de ellas gravemente deterioradas resultado del abandono consciente por sus propietarios que únicamente pretenden especular con las mismas, sumado a los altos precios de los alquileres, situación la cual se vuelve especialmente sangrante cuando en nuestro propio barrio también existen familias en riesgo de desahucio.
Por ello, el Grupo Vivienda y Desahucios de la Asamblea Popular del Realejo y el Barranco del Abogado decidimos poner en marcha en septiembre del pasado año, un censo que, sin pretensiones de exhaustividad, respondiera a la necesidad de conocer de forma general cuál era la situación del parque de viviendas, locales y solares del barrio, prestando especial atención a aquellos edificios abandonados y deteriorados y aquellos otros que se encuentran vacíos, cuando aparentemente podrían estar habitados.
Depredación del territorio y especulación inmobiliaria son algunas de las estrategias desplegadas por empresas, bancos y administraciones, dinamitando alternativas tan variopintas como eficaces y factibles, que van desde las rehabilitaciones ecológicas (y no la desmesurada oleada de nuevas construcciones), la creación de más zonas verdes y parques públicos (y no solares baldíos para usos especulativos) o los alquileres sociales.
En noviembre de 2011 en una vivienda de la calle Jarrería se desprendieron elementos de su fachada. En calles tan emblemáticas de la zona, como la Cuesta del Pescado y del Progreso, la calle Solares o Santiago, se han documentado alrededor de una quincena de viviendas muy deterioradas, en estado total de abandono; presentando muchas de ellas un aspecto más peligroso aún que el de la citada calle Jarrería. La mayoría de los casos responden a inmuebles de construcción antigua, con varias plantas de altura y dos o tres viviendas en cada una de ellas y locales comerciales en sus bajos.
En la parte alta –Huerta San Cecilio, Damasqueros, Plegadero bajo, Cuesta del Realejo o el callejón de la placeta del Sol– el número de edificios deteriorados y de solares baldíos es alarmante, por lo concerniente a los aspectos patrimoniales, a la seguridad de los mismos y porque en la mayoría de las ocasiones son viviendas vacías o, en su caso, habitadas por inquilinos en condiciones muy precarias.
Símbolo de la debacle desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, los desahucios de quienes no pueden costear las hipotecas son cada vez más impugnados por la sociedad, y muchos, incluso, han sido evitados gracias a la acción de diversas organizaciones sociales. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) auguró el fracaso de la norma ideada por el ejecutivo, porque, según su criterio, apenas se podrán resolver un insignificante número de problemas de desahucios que les interese a las entidades.
A juicio de Adicae, la dación en pago no es más que una solución in extremis para las personas que en estos momentos se enfrentan al desalojo. Tampoco convenció a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que en sus tres años de vida ha paralizado cerca de 200 desalojos y logrado centenares de daciones en pago y algunas condonaciones de deuda después de subasta. Para Ada Colau, de la PAH, el controvertido código, que incluye la dación en pago como una opción voluntaria, es una tomadura de pelo. Establece unos requisitos muy restrictivos y deja la dación como la última opción, de manera que, a efectos prácticos, canaliza el proceso hacia una refinanciación de la deuda que sólo interesa a las instituciones financieras, opinó.
La mayoría de los desahuciados tienen menores a su cargo, alertó Colau, tras preguntarse qué sociedad se puede mirar al espejo y no sentir vergüenza cuando ha inyectado dinero a unas entidades bancarias que están dejando en la calle a familias con niños.
Por ello, defendió la desobediencia civil, como oponerse a una expulsión autorizada por un juez, ante una ley que calificó de injusta por invadir otra superior, la de los derechos humanos. Recientemente, Jueces para la Democracia (JpD) consideró una mera proclama populista y mediática la propuesta del Gobierno de que las familias que se encuentran en el umbral de la exclusión puedan saldar su deuda con el banco entregando su vivienda.
La asociación de jueces progresistas reclamó una reforma de la actual legislación hipotecaria por considerar que no reparte de forma equitativa entre las partes afectadas -el banco y el deudor hipotecario- los riesgos y perjuicios de la crisis económica.
Denunció los graves efectos sociales de la normativa hipotecaria, que permite a la entidad financiera adjudicarse la casa por un 60 por ciento del valor en la que la tasó y demandar al ciudadano el resto de la deuda no cubierta. La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, abogó por regular el sistema de subasta de los pisos confiscados. Es de una gravedad tremenda que los bancos puedan quedarse con la vivienda embargada por un precio por debajo del 60 por ciento de su valor”, manifestó.
Adoptar medidas que permitan seguir utilizando la vivienda con un alquiler asumible por el deudor, o aceptar que los inquilinos puedan declararse en bancarrota para librarse de la deuda, son algunas de las propuestas de la Defensora para reforzar la protección de los hipotecados. “Los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger el derecho de acceso a una vivienda digna, puerta de entrada del resto de derechos”, advirtió hace unas semanas en Barcelona Raquel Rolnik, relatora especial de Naciones Unidas por una Vivienda Adecuada. Rolnik tachó de ilegales los procesos de desahucios y responsabilizó a la banca y al gobierno de la emergencia habitacional que sufre el país.